En Colombia, un grupo de mujeres indígenas ha comenzado a desafiar las estructuras patriarcales que han dominado sus comunidades durante siglos. A pesar de las adversidades, estas mujeres se están uniendo para cambiar sus realidades y las de futuras generaciones, enfrentándose a prácticas como el matrimonio infantil, la falta de acceso a la educación y la violencia de género.
Un Vínculo de Resistencia
Mónica Keragama, Saday Aty Zarkuney, Roseli Fiscué, Mama Esperanza Aranda y Mama Jimena Hurtado son solo algunas de las mujeres que simbolizan esta resistencia. Aunque originarias de diferentes regiones de Colombia, todas comparten un objetivo común: acabar con la violencia que sufren ellas y sus hijas. Estas mujeres han comenzado a cuestionar la tradición que históricamente ha justificado la violencia en sus comunidades.
Desde La Guajira hasta el Cauca y la Sierra Nevada, sus historias reflejan un esfuerzo por romper con el silencio y la impunidad que rodean a las injusticias que padecen. Ellas no están solas en esta lucha; también cuentan con el apoyo de hombres de sus comunidades y de activistas no indígenas, como Ángela Maya, quien ha sido fundamental para establecer un colegio de bachillerato femenino en Pueblo Rico, Risaralda.
Desigualdad y Desprotección en la Educación
A pesar de algunos avances, la realidad de muchas mujeres indígenas es alarmante. La pobreza y la exclusión son comunes, y la situación se agrava por la falta de acceso a la educación. Según estadísticas, el 73% de los hombres arhuacos son alfabetizados, mientras que solo el 36% de las mujeres pueden leer y escribir. En el caso de los nasas, más del 90% de los hombres son alfabetizados, mientras que el 87% de las mujeres son analfabetas.
La brecha de género en educación es evidente y se convierte en un obstáculo para que las mujeres puedan acceder a recursos y apoyos fuera de sus comunidades. En Bogotá, se ha documentado que el 90% de las mujeres y niños emberás que mendigan no hablan español, lo que limita aún más sus oportunidades y derechos. Esta situación perpetúa un ciclo de desprotección y abuso.
Violencia y Derechos Vulnerados
La violencia de género es una cruda realidad para muchas de estas mujeres. Un informe del Dane y el Fondo de Población de Naciones Unidas revela que al menos el 12% de los nacimientos de niños indígenas son de madres que eran niñas entre 10 y 14 años. Aquellas que se resisten al matrimonio forzado enfrentan castigos severos. En algunas comunidades, las niñas son sometidas a prácticas violentas como la ablación, y existen casos de suicidio entre aquellas que ven su vida como una condena.
Entre 2017 y 2021, Medicina Legal registró 92 suicidios de mujeres indígenas, la mayoría de ellas adolescentes. En el mismo periodo, se realizaron 2,051 exámenes por presuntos delitos sexuales en comunidades indígenas, siendo la mayoría de las víctimas mujeres y niñas entre 5 y 15 años. La violencia sexual a menudo proviene de familiares o conocidos, revelando una dura realidad que muchas veces queda en el silencio de las comunidades.
A pesar del reconocimiento de la autonomía de justicia indígena en la Constitución de 1991, la implementación de esta justicia a menudo deja a las mujeres y niños desprotegidos. Las sanciones que se imponen a los agresores, en ocasiones, resultan insuficientes y no garantizan la protección de las víctimas, quienes a menudo deben seguir conviviendo con sus agresores.
La situación de las mujeres indígenas en Colombia plantea un desafío significativo para la sociedad y el Estado. El reconocimiento de sus derechos y la promoción de la equidad de género son esenciales para transformar sus realidades y asegurar un futuro más justo para las próximas generaciones. La lucha de estas mujeres es un llamado a la acción para que sus voces sean escuchadas y sus derechos respetados.
Con información de El Tiempo.
